Desde que el anterior ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impuso una serie de tasas judiciales, tanto los particulares como las empresas debían pagar a la hora de afrontar sus temas con la ley.El Tribunal Constitucional ha declarado nulas las tasas judiciales impuestas a las pymes en una ley aprobada en 2012.
La ley impulsada por Gallardón tuvo un rechazo contundente por parte de la sociedad al violar el derecho de ciudadanos y pymes a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva que otorga el artículo 24 de la Constitución Española.
Sin embargo, lamentablemente no se va a proceder a la devolución de las tasas cobradas durante la vigencia de la ley, ya que consideran que el dinero recaudado no ha servido para mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita, en contra de lo prometido por el Gobierno cuando se aprobó la ley.
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